América Latina en general ingresa a la nueva etapa modernizadora de los años 20 bajo la influencia y el dominio económico y técnico de los Estados Unidos y Europa Occidental, potencias a las que se exportan recursos de extracción directa. El Perú se encuentra entonces en el momento en que el orden oligárquico que Basadre bautizó como “República aristocrática” desaparece para la conformación de un sistema diferente: el oncenio de Leguía, cuya política autoritaria se impone contra la creciente amenaza de las masas trabajadoras y campesinas, que comienzan a clamar por justicia. 

Ha aparecido en el Perú un incipiente proletariado compuesto principalmente por los trabajadores de los grandes emprendimientos agroindustriales azucareros y algodoneros de la costa. En el norte, en La Libertad se funda del primer partido político moderno y de masas en el Perú: el APRA, contando en sus bases con el germen de un sindicalismo agrario.

En Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos crece y da cabida a nuevos estudiantes de una incipiente clase media, para una sociedad que requiere nuevos profesionales en distintas áreas. Pero su estructura anticuada es incapaz de soportar su crecimiento y, siguiendo el impulso de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina, los estudiantes sanmarquinos —y docentes como Julio C. Tello— emprenden un movimiento para fortalecer el impacto social de la educación superior en la sociedad. Fueron protagonistas en su primera línea Raúl Porras Barrenechea y Víctor Raúl Haya de la Torre.

También las mujeres peruanas comienzan en esta etapa la lucha por el reconocimiento de su igualdad en una sociedad atávica y patriarcal. Aunque el pleno reconocimiento de sus derechos constitucionales vendrá recién en los años 50 y aún después, representará el fruto de las semillas sembradas por las pioneras del feminismo en los años 20 y 30.

Pero el entorno en que tienen que desarrollarse tanto el pensamiento como la acción política que buscan la equidad y la justicia, es adverso. El poder económico sigue concentrado en unas pocas manos, y el político asume, gobierno tras gobierno, una posición conservadora que proscribe todo pensamiento social.